Notas

Anda prófugo el cuñado del ex sacerdote Iván Bernal

June 22, 2017

Reporteros de varios medios de comunicación, en Nogales, encontraron hace días en estrados una “cédula de notificación”, en la cual se detalla que agentes investigadores de la Fiscalía Anticorrupción han intentado notificar a José Angel Calderón Piñeiro pero no lo han encontrado en el domicilio manifestado.

Este caso llamó la atención porque Calderón Piñeiro se desempeñaba de director de Responsabilidad y Situación Patrimonial de la Contraloría del Estado, en la administración del panista Guillermo Padrés y es uno de los 3 ex funcionarios públicos detenidos por la Procuraduría del Estado en octubre de 2014, acusados de asociación delictuosa para extorsionar a un empresario de Hermosillo.

Los otros detenidos son Gregorio Ramírez Cerecer, coordinador jurídico de la Dirección de Atención a Inversionistas en la Secretaría de Economía, y Roberto Carlos Díaz Rodríguez, Agente del Ministerio Público especializado en delitos de querella, quienes se asociaban con Calderón Piñeiro para identificar a particulares y empleados del Gobierno con problemas y extorsionarlos o venderles protección

El 31 de octubre de 2014, Carlos Navarro Sugich, entonces Procurador General de Justicia del Estado, declaró que en las próximas horas la Procuraduría estará consignando por varios delitos, ante un Juez del Ramo Penal, a tres funcionarios públicos que solicitaron a un ciudadano dinero, a cambio de que no se le complicara un caso que se estaba ventilando en su contra, en una agencia del Ministerio Público.

El 20 de octubre de 2016 un ciudadano fue a la Procuraduría y denunció que unas personas le estaban solicitando dinero a cambio de que no se complicara un asunto que había en su contra en una Agencia del Ministerio Público. El Ministerio Público y agentes de la PEI investigaron el caso y detuvieron a Gregorio Ramírez cuando recibía el dinero que le estaban exigiendo al ciudadano. En su declaración ministerial Ramírez aceptó los hechos y señaló como cómplices a Calderón Piñeiro y a Díaz, por lo que agentes de la PEI los presentaron ante el Agente del Ministerio Público. El Fiscal del Estado enfatizó que luego de integrar la averiguación previa, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común los consignará por el delito de asociación delictuosa por el que podrían alcanzar una penalidad de 3 a 8 años de prisión.

Mientras que Díaz será consignado por el delito de cohecho, cuya pena es de 6 meses a 9 años de prisión y Ramírez por ejercicio indebido de funciones o abandono del servicio público, podría alcanzar una pena de 2 a 7 años de prisión; a Calderón Piñeiro y a Ramírez se les consignará también por el delito de encubrimiento, cuya penalidad podría ser de 3 días a 3 años de prisión.

Como no lo encuentran en Nogales, los agentes sospechan que pudiera estar escondido en Agua Prieta, donde en las elecciones de 2015, fue detenido por la policía cuando conducía una camioneta y llevaba varias maletas llenas de dinero, que se presume usó para la compra de votos.

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