Los niños y adolescentes de una sociedad criminal

TERCERA PARTE

Situación socioeconómica y laboral: Las familias de los adolescentes que cometieron delitos violentos, se caracterizan por el autoempleo, los bajos salarios, inestabilidad o falta de certeza en el empleo, largas jornadas y carencia de trabajo que les permitieran tener acceso a prestaciones, seguridad social y jubilación.

“No podemos dejar de cuestionar las políticas económicas que desde hace varias décadas han mantenido los salarios y su poder adquisitivo extremadamente bajos para la gran mayoría de la población, al punto de hacer imposible que, con dichas percepciones las familias puedan tener una vida digna y satisfacer sus necesidades” dicen especialistas del Ciesas.

Las estadísticas de la vulnerabilidad adolescente:

Según datos del Inegi, México cuenta con 11 millones de adolescentes de 14 a 18 años. Representan, en 2015, cerca de l0% de la población total del país. La población total de los adolescentes privados de su libertad en enero de 2016, era de 3 mil 761, de los que el 96% eran hombres y el 4% mujeres, de acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación.

Los adolescentes son un grupo excluido que, de acuerdo con el informe Los Adolescentes que el país ha olvidado de la organización Save the Children de 2016, no se está beneficiando de los progresos en el desarrollo “por el contrario, la combinación tóxica de la pobreza y discriminación les está llevando a tomar decisiones que afecta de manera negativa sus oportunidades de desarrollo presente y futuro, así como el ejercicio de sus derechos”. Esta exclusión, señala el documento está impidiendo que millones de adolescentes accedan a la salud, educación, empleo y protección que requieren.

Pobreza: De acuerdo con el Informe sobre la Situación de la Infancia 2013, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de los 39.4 millones de niñas, niños y adolescentes que vivían en el país en 2012, el 53.8% (21.2 millones) vivían en condiciones de pobreza. El informe de Unicef y Coneval (2016) dice que en 2014 la población infantil y adolescente sufría con más frecuencia las experiencias de pobreza en relación con otros grupos de edad. Es decir, la proporción de personas de 0 a 17 años en pobreza fue 12 puntos porcentuales más alto que en la población de 18 a 64 años, así como 8 puntos porcentuales mayor que en la población de 65 años o más. Destaca que en 2014, 54% de la población de 0 a 17 años carece de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales: educación, salud, seguridad social, vivienda de calidad y con servicios básicos y alimentación.

Además, el ingreso de su hogar era insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

Asimismo advierte que la pobreza en la infancia y la adolescencia no se ha modificado entre 2010 y 2014 y no podrá bajar mientras no se incremente el ingreso de los hogares, ya que “existen procesos multifactoriales que afectan a la población infantil y adolescente y aumentan la probabilidad de reproducir la pobreza: hogares ampliados, con alta razón de dependencia económica, jefatura femenina, jefaturas con baja escolaridad, rurales e indígenas”.

Unicef y Coneval destacan que en 2014 el 11.5% de la pobla-ción infantil y adolescente estaba en situación de pobreza extrema por carecer de 3 o más de sus derechos sociales y ser parte de un hogar con ingreso insuficiente para adquirir alimentos necesarios y disponer de nutrientes esenciales.

Es más fácil reclutar a los jóvenes en condiciones de pobreza y exclusión, que a los beneficiados por una situación económica y social más favorable.

Involucrarse en el narcotráfico no obstante el riesgo, aparece como una oferta atractiva, no sólo por el dinero que se puede obtener, sino por el poder y el estatus, señala el documento Jóvenes y narcocultura, de la dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública.

Educación: La escuela como institución ha perdido orientación respecto a qué es lo que hay que enseñar. Un ejemplo es el cambio en el plan de estudios del nivel secundaria en el que se suprimió la materia “formación cívica y ética” para volver a incorporarla después con menos espacio en el nuevo plan de estudios de ese nivel, indica el documento Jóvenes y narcocultura.

El Informe de Unicef de 2013 señala que, si bien la cobertura de la educación primaria para el ciclo escolar 2012-2013 fue del 100%, la de educación preescolar fue de 70.7%, la de secundaria del 82.4% y la media superior de 52.9%.

El informe de Save de Children 2016, por su parte indica que sólo el 54% de los adolescentes mexicanos están inscritos en el sistema educativo, lo que constituye el promedio más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y sólo el 76% de los adolescentes de 15 a 17 años cuenta con secundaria terminada.

Entre los adolescentes indígenas de 15 a 17 años, sólo el 65% completó su educación secundaria, frente a 76% de los que viven en hogares no indígenas.

El informe de la OCDE Panorama de la Educación 2013 dice que de los 34 países que integran la organización, México cuenta con el mayor nivel de deserción escolar, especialmente adolescentes de entre 15 y 18 años. “Se trata de una deserción que no es temporal, ya que 40% de los jóvenes que desertan no regresan a la escuela y tampoco cuentan con un empleo”. La principal razón por la que desertan los adolescentes en el nivel medio-superior es la carencia económica de sus hogares (52 por ciento de los casos).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción Escolar 2012, cada día al menos mil 800 estudiantes de preparatoria abandonan la escuela, principalmente en el primer semestre.

De hecho, el 60.8% de los desertores abandonan sus estudios en el primer año, el 6% en el segundo y 13.2% en el tercero.

 Empleo: De acuerdo con el informe del UNICEF, 3 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajaban en 2013 y 39% no asistían a la escuela. Asimismo la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013, del Inegi, reportó que el 46% de menores de edad que trabajan, lo hacen sin remuneración, principalmente en el sector agrícola.

La Encuesta sobre Juventud 2013, del Inegi, indica que el 24.7% de los jóvenes de 15 a 19 años no estudia ni trabaja y que el promedio en los países de la OCDE es de 16%. Y entre los que trabajan, el 62.6% lo hace de manera informal y perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Salud: Tanto el Unicef como la Coneval señalan que el 65% de los adolescentes carecen de protección social y el 20% no tienen acceso a servicios de salud. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas del Instituto Nacional de Psiquiatría, de 2014, el 17% de los estudiantes de 5to y 6to de primaria ha probado alcohol. En secundaria y bachillerato el 53% de estudiantes consume alcohol. En cuanto a la mariguana, la prevalencia de consumo es de 3% a los 12 años; 11% a los 14; 18% a los 16; y 29% a los 18 años.

La encuesta señala que en los últimos 23 años (1991 a 2014) el consumo de drogas ilícitas se duplicó entre la población de 10 a 18 años, al pasar del 8 al 17%. El incremento es más notable en las mujeres pues pasó del 4 al 16 %.

 

Se dispara la violencia en México:

El estudio Violence and Criminal Justice in México and South Africa, de Elena Azaola y Gareth Newham (2016), señala que las cifras del sector salud, que son las que alimentan las Estadísticas de Mortalidad del Inegi, arrojan 120 mil 237 muertes por homicidio durante el periodo del gobierno de Felipe Calderón 2006-2012, mientras que en los 3 primeros años del actual gobierno de Enrique Peña Nieto 2012-2015, sumaron ya más de 57 mil 500 (Inegi 2016).

Durante el periodo 2008-2015, México ha experimentado una grave crisis de seguridad que ha tenido un costo importante y lamentable con la pérdida de 178 mil vidas humanas, precisa el estudio. “Si bien nos referimos a una crisis de seguridad y de derechos humanos durante el periodo 2008-2015, en realidad los 4 componentes de esta crisis, son:

1.- La existencia de grupos delictivos con la capacidad para representar una amenaza para el Estado.

2.- La fragilidad o la incompetencia de las instituciones del Estado para contenerlos.

3.- La descomposición social que se manifiesta en el creciente número de personas capaces de cometer delitos, y

4.- La falta de controles eficaces frente a los abusos y la violación de derechos por parte de las instituciones del Estado”.

Todos estos componentes, sostiene la Dra. Azaola, suponen la existencia de procesos sociales, económicos, políticos y culturales que se han ido construyendo a lo largo de décadas con los lamentables resultados que ahora conocemos.

Bajo esta perspectiva, la “guerra” emprendida por el gobierno en contra del narcotráfico, habría sido sólo uno de los factores desencadenantes que propició la emergencia de una crisis que venía gestándose de tiempo atrás.

Detalla que la crisis de seguridad y derechos humanos que México enfrenta, persiste en el actual periodo de gobierno 2013-2018 ya que a pesar de que el programa de gobierno no colocó como prioridad la de enfrentar a los grupos delictivos en los hechos, durante los 3 primeros años de este periodo se ha mantenido la política de privilegiar el uso de la fuerza y la militarización para combatir al crimen organizado.

“No cabe duda que el indicador más lamentable de la crisis de seguridad que México ha experimentado en los últimos años es el incremento notable en el número de muertes por homicidio, que ronda los 178 mil habitantes y que rompió con la tendencia descendente que este fenómeno venía observando durante los 20 años previos a este periodo”…