Notas

Los niños y adolescentes de una sociedad criminal

March 16, 2017

Niños y adolescentes emergen de la extrema vulnerabilidad y violencia. Victimarios a veces, víctimas siempre, participaron -de manera obligada o “voluntaria”-, en delitos de alto impacto: narcotráfico, homicidio, secuestro, violación.

Historias de pobreza y abandono, donde la fuga efímera a las armas, el dinero y las drogas no fue una elección, sino la única manera de sobrevivir.

Mataron, robaron, secuestraron. Son parte de una generación a la que se le cerraron todas las puertas, menos una: la de la violencia generalizada del país. Del seno del narcotráfico y de las pandillas, a las prisiones juveniles, donde siguen siendo víctimas, ahora de la violencia institucional, malos tratos y remota esperanza de rehabilitación.

“Hablé con el comandante de Los Zetas, le pedí trabajo, me mandó a capacitarme 4 meses a Piedras Negras, Coahuila, en armas, tácticas militares, posiciones de tiro, ascenso y descenso de vehículos. Me tocó ir a reventar un rancho de otra organización para apoderarnos de todo”, dice Carlos, adolescente que en Veracruz estuvo 2 años con el cártel más violento de México convencido que los miembros de esa organi-zación criminal era su familia, la que él se buscó y se ganó.

Más de 700 testimonios de adolescentes describen pasajes de su historia criminal a su corta edad. Son hijos de la pobreza y la desigualdad social, la descomposición de un sistema de corrupción e impunidad y de gobiernos incapaces de frenar el abismo cada vez más profundo en el que se sumerge este sector de la sociedad.

Para ellos asesinar, robar, vender drogas, vigilar, secuestrar, obedecer órdenes de grupos delictivos es reconocido como su “trabajo”, según sus propios relatos contenidos en el informe Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y publicado en enero de 2017. Son relatos de las condiciones infra-humanas que han padecido niños de entre 14 y 17 años, hoy en la cárcel por delitos graves, en primera persona.

Son las historias de adolescentes reclutados por La Familia Michoacana, Caballeros Templarios y por los cárteles del Golfo, Los Zetas, Beltrán Leyva, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, de Tijuana, los Cabrera, Milenio o jóvenes que sin haber sido parte de estos grupos, cometieron secuestro, acopio y tráfico de armas, homicidio, entre otros ilícitos.

De los 13 mil 327 adolescentes privados de su libertad por delitos graves en el País, el informe expone los resultados de una encuesta realizada entre 3 mil 327 de ellos, que representa 19% de la población total. Además de encuestas se realizaron 730 entrevistas. El 37% dijo haber cometido homicidio; el 35% confesó haber pertenecido al crimen organizado; el 24% cometió robo con violencia; y el 13%, secuestro. De todos, el 70 por ciento admitió haber usado armas.

La coordinadora del estudio, Elena Azaola, Dra. en antropología social y los especialistas Cristina Montaño, Fernando Figuera, Nallely Reyes y Lorena López, todos del CIESAS, encontraron que el 70% de los entrevistados son menores de 18 años, muchos de ellos cuentan con apenas 15 años.

La encuesta fue realizada en 17 estados de las regiones norte, centro y sur: Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Baja California y Zacatecas; Puebla, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco; y Oaxaca, Yucatán, Tabasco y Veracruz. Las entidades estudiadas en 2014, fueron: Coahuila, Sinaloa, Morelos e Hidalgo y en el resto de las entidades las entrevistas fueron durante 2016.

Con base en los relatos de los adolescentes acerca del delito que cometieron se distinguieron tres grupos de acuerdo a las modalidades de la conducta delictiva: narcotráfico, pandillas y delitos individuales. En esta primera parte se aborda el primer grupo: el de los vinculados al crimen organizado.

Delincuencia organizada:

El informe del CIESAS-CNDH reproduce de manera textual testimonios de adolescentes involucrados en delitos graves, con nombres ficticios para proteger su identidad, quienes relatan el delito que cometieron, la tortura física y psicológica a la que fueron sometidos y los agravios y vulnerabilidades que padecieron antes de infringir la ley, durante su detención y en los centros de internamiento.

Pavel tiene 17 años. Lleva 2 internado en Guadalajara y le quedan más de 4 para cumplir su sentencia. A los 12 años se enroló en el crimen organizado y decidió abandonar su casa cuando empezaron a buscarlo para darle piso (asesinarlo).

Relata: “Cuando me salí de la escuela unos vecinos me contactaron con policías y me llevaron con el grupo. A los 11 años me integré al cártel del Milenio y a los 12 me llevaron a vivir con ellos. El grupo lo integraban de 6 a 8 personas, casi todas mayores de edad, y vivíamos en la misma casa. Mi trabajo consistía en levantar, secuestrar y ejecutar”.

A Pavel lo detuvo la policía ministerial: “Desde que me trasladaron, comenzaron a pegarme y en la delegación me quita-ron la ropa y me dieron toques con electricidad, patadas, me colocaron una la bolsa de plástico en la cabeza con agua, gas y chile piquín”. Intentaron cortarle los dedos de las manos y con una punta debajo de la oreja le provocaron dolor hasta perder el conocimiento que recobraba con chorros de agua y golpes. La tortura incesante duró 10 días hasta que inconsciente fue internado un mes en un hospital donde permaneció más de un mes en tratamiento de recuperación.

“Vendía drogas y como me fue bien, me pasaron al área de secuestro; eran mis tareas como parte del cártel de Sinaloa”, relató Lisandro, de 20 años de edad, pero 2 de ellos preso y 8 más por cumplir. Fue detenido muchas veces, desde adolescente y de inmediato liberado: “En el grupo había ministeriales y municipales, operábamos libremente, bastaba con dar la clave”. Fue capturado con otros miembros del grupo en una casa de seguridad, donde “nos patearon, nos pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y nos ahogaban en un bote con agua”. Recuerda que se desmayó varias veces los 6 días de tormento, antes de presentarlo ante el ministerio público.

Alexis, de 20 años, originario de la Ciudad de México, lleva más de 2 años internado en el Estado de México, donde le quedan 3 para quedar en libertad. Se vinculó con la Familia Michoacana desde los 12 años, cuando conoció al jefe de la plaza, quien “me integró a su grupo como vendedor de droga al menudeo y a los 14 años como coordinador de escolta”.

Cursó la secundaria en el sistema abierto alternando sus tareas escolares con las de sicario. “Fui adiestrado por un militar que imponía un sistema similar al castrense, tanto en disciplina como en la forma de otorgar premios y castigos”.

Sandra ingresó al cartel de Los Zetas, se inició como halcón, ascendió a jefa de un grupo de 53 halcones, lo que le valió para que “me pasaran al grupo encargado de secuestros, levantones y de ejecutar a los secuestrados, hasta que me agarraron cuando iba por un rescate”.

Heriberto trabajaba en el campo de Zacatecas, hoy tiene 20 años. Fue cooptado de adolescente por los Caballeros Templarios para vender drogas. Durante su estancia en el cártel, recuerda que ni la policía ni fuerzas armadas interrumpieron sus labores delictivas. “Por eso nos sentíamos seguros”. Fue detenido por agentes ministeriales acusado de secuestro y lo torturaron aplicándole toques eléctricos, golpes en el cuerpo, asfixia con una bolsa con chile piquín en la cabeza y lo sumergían alternadamente en el agua.

El 16% de los niños y adolescentes que cometieron delitos, contaron que en su grupo participaban elementos que eran o había sido miembros de la policía o del Ejército. También que sus victimarios fueron invariablemente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Policía Federal Preventiva y los policías de los Estados de la República.

Un adolescente de Puebla cuyo nombre se omite describió la forma agresiva en que fue detenido por la Policía Federal en un operativo. Dijo que el comandante de Los Zetas salió corriendo y él quedó a expensas de los federales. “Me vendaron y golpearon, hincado sobre un palo de escoba con una bolsa en la cabeza y la chicharra en la espalda”. Este joven acabó con la nariz rota. Fue presentado ante el ministerio público 4 días después de su detención y en su expediente quedó asentado que fue detenido el mismo día. “Me salí de los Zetas pues me di cuenta que cuando hay madrazos te dejan tirado”.

Los adolescentes de México muestran una creciente identificación con narcotraficantes y sicarios, por encima de otros modelos como empresario, profesor o miembro del Ejército, señala -en entrevista- el Dr. en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, José del Tronco, quien realizó una investigación de la población juvenil.

El estudio se realizó entre agosto y noviembre de 2012, en Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, el Estado de México, Guerrero, Tabasco y Tamaulipas con los que se pre-tendió cubrir la diversidad demográfica y socioeconómica de México, encuestando a mil 400 alumnos de secundaria, de entre 13 y 15 años de edad. Según los resultados, 26.3% de los jóvenes piensan que ellos mismos, sus amigos o personas de su edad les gustaría parecerse a narcotraficantes y sicarios. Después de estas figuras siguió el de empresario, con el 17% de preferencia, el 12.4% se inclinó por el profesor, 10.7% por el policía o militar, el 4.4% por funcionario de gobierno y el 1.4% por un migrante.

Pobreza y disfunción familiar

El informe especial Adolescentes: vulnerabilidad y violencia destaca que la pobreza y la disfunción familiar figuran entre los múltiples factores que explican el comportamiento delictivo de los adolescentes ya que 53% de la población del país se encuentra en esta condición, mientras que  la separación de los padres se observa en que el 29% de los hogares en México son encabezados por mujeres, según el INEGI.

La deserción escolar es otro factor que tiene un impacto muy importante como antecedente de la conducta delictiva de los adolescentes, ya que mientras que en la población en general el 100% de los niños ingresaron a la primaria en el último ciclo escolar (2015-2016), entre los mil 327 adolescentes que cometieron infracciones graves, el 4% nunca fue a la escuela y 15% la abandonó antes concluir la enseñanza primaria.

Asimismo en tanto que en la población en general del país el 76% de adolescentes logran completar la secundaria, entre los adolescentes que cometieron infracciones graves sólo lo hicieron el 20%; y con respecto de la preparatoria, 36% de la población en general ha cursado algún grado de preparatoria y sólo 16% de los detenidos inició este ciclo escolar.

“Dichos factores requieren del concurso de otros elementos como el bajo nivel de escolaridad de los padres, dificultades para supervisar, guiar y contener a los hijos, el abandono, el rechazo, la negligencia, la violencia, abuso sexual, consumo de sustancias y el contacto con grupos delictivos, para que, combinados, tengan un impacto en la conducta de los adolescentes”, asienta el documento.

El informe especial incluyó a subgrupos de adolescentes en situación de mayor desventaja y vulnerabilidad aun dentro del conjunto del resto de los infractores de la ley, como son los indígenas, las mujeres y los que son padres o madres que viven en cautiverio. Recoge los testimonios de adolescentes de los grupos étnicos Chatino, Chinanteco, Chol, Huichol, Maya, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Otomí, Tarahumara, Trique, Tzeltal, Tzotzil, Zapoteco y Zoque.

Nicasio un chico de origen zapoteco que se encuentra interno en Oaxaca. Ahora tiene 21 años. Lleva más de 2 recluido y le quedan 3 años para cumplir su sentencia. Fue acusado de violación tumultuaria por una compañera de preparatoria que los invitó a beber y luego los acusó de haberla violado. Dice que sus compañeros fueron mala influencia para él, pues lo invitaban a beber y consumir drogas y a pesar de que él tenía la responsabilidad de una familia esto lo perjudicó pues él no participó en la violación de la compañera pero se los llevaron a todos y no tomaron en cuenta su declaración.

En cuanto a las mujeres, el informe refiere que padecen mayor vulnerabilidad en relación con los varones, al considerar que es más frecuente que ellas hubieran sufrido agresiones sexuales en comparación con los hombres y que ello las hubiera dejado expuestas a una situación más frágil y de mayor desprotección.

A sus 14 años en la secundaria Guadalupe consumía alcohol y drogas, y quedó embarazada de su novio. Se inició en la venta de drogas cerca de su casa, donde logró escapar varias ocasiones de ser detenida por militares. Fue acusada de homicidio. Era la jefa de un grupo de 17 jóvenes que levantaban y se enfrentaban con grupos rivales que invadían su territorio y que ejecutó a un militar al que confundieron como parte de un grupo antagónico al que interrogaron y ejecutaron a pedradas por órdenes del jefe de plaza. Distribuía marihuana, cocaína y piedra. Luego de asesinar al militar, Guadalupe huyó del lugar pero fue capturada por agentes ministeriales quienes en los separos de la policía judicial la colgaron de los brazos, le aplicaron toques eléctricos y el frágil cuerpo de Guadalupe resintió los golpes con una tabla duran-te días. Inerme, fue entregada a los militares. Ya en el cuartel militar, entre amenazas violación, “me daban el privilegio de elegir al que me iba a penetrar primero”. Sufrió de peores tormentos. Ahí se quebró y fue llevada de urgencia al hospital, donde a consecuencia de las torturas, perdió a su bebé. Tenía 2 meses y medio de embarazo.

Asimismo es más frecuente que las mujeres hubieran cometido delitos al tener que huir de sus casas por diferentes motivos y cometan delitos impulsadas por el deseo de acompañar, apoyar, encubrir o complacer a su pareja, actitud que es consistente con los patrones de conducta de género dominantes en la sociedad. Un ejemplo de ello es el caso de Mitzi, acusada de secuestro y delincuencia organizada. Relata que: “cuando estaba en la secundaria, conocí al papá de mi hijo. Como me fui a vivir sola, él llegaba conmigo y comenzamos a vivir juntos, quedé embazada y después del nacimiento de mi hijo comenzaron los problemas. Mi expareja se robó a mi hijo y dijo que no lo encontraría”. Desesperada, pidió ayuda a la Familia Michoacana para encontrarlo, a cambio le pidieron trabajar para ellos como halcón y después la obligaron a participar en secuestros.

Situación socioeconómica y laboral: Las familias de adolescentes que cometieron delitos violentos, se caracterizan por el autoempleo, los bajos salarios, inestabilidad o falta de certeza en el empleo, largas jornadas y carencia de trabajo que les permitieran tener acceso a prestaciones, seguridad social y jubilación. “No podemos dejar de cuestionar las políticas económicas que desde hace varias décadas han mantenido los salarios y su poder adquisitivo extremadamente bajos para la gran mayoría de la población, al punto de hacer imposible que, con dichas percepciones las familias puedan tener una vida digna y satisfacer sus necesidades” dicen especialistas del Ciesas.

Las estadísticas de la vulnerabilidad adolescente

De acuerdo con datos del Inegi México cuenta con 11 millones de adolescentes de 14 a 18 años. Representan, en 2015, cerca del% de la población total del país. La población total de los adolescentes privados de su libertad en enero de 2016, era de 3 mil 761 adolescentes, de los que el 96% eran hombres y el 4% mujeres, de acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación. Los adolescentes son un grupo excluido que, de acuerdo con el informe Los Adolescentes que el país ha olvidado de la organización Save the Children de 2016, no se está beneficiando de los progresos en el desarrollo “por el contrario, la combinación tóxica de la pobreza y discriminación les está llevando a tomar decisiones que afecta de manera negativa sus oportunidades de desarrollo presente y futuro, así como el ejercicio de sus derechos”. Esta exclusión, señala el documento, está impidiendo que millones de adolescentes accedan a la salud, la educación, el empleo y la protección que requieren.

Pobreza: De acuerdo con el Informe sobre la Situación de la Infancia 2013, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de los 39.4 millones de niñas, niños y adolescentes que vivían en el país en 2012, el 53.8% es decir 21.2 millones vivían en condiciones de pobreza. Por su parte, el informe de Unicef y Coneval (2016) apunta que en 2014 la población infantil y adolescente sufría con más frecuencia las experiencias de pobreza en relación con otros grupos de edad. Es decir, la proporción de personas de 0 a 17 años en pobreza fue 12 puntos porcentuales más alto que en la población de 18 a 64 años, así como 8 puntos porcentuales mayor que en la población de 65 años o más. Destaca que en 2014, 54% de la población de 0 a 17 años carece de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales: educación, salud, seguridad social, vivien-da de calidad y con servicios básicos y alimentación. Además, el ingreso de su hogar era insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

Asimismo advierte que la pobreza en la infancia y la adolescencia no se ha modificado entre 2010 y 2014 y no podrá bajar mientras no se incremente el ingreso de los hogares, ya que “existen procesos multifactoriales que afectan a la población infantil y adolescente y aumentan la probabilidad de reproducir la pobreza: hogares ampliados, con alta razón de dependencia económica, jefatura femenina, jefaturas con baja escolaridad, rurales e indígenas”.

Unicef y Coneval destacan que en 2014 el 11.5% de la pobla-ción infantil y adolescente estaba en situación de pobreza extrema por carecer de 3 o más de sus derechos sociales y ser parte de un hogar con ingreso insuficiente para adquirir alimentos necesarios y disponer de nutrientes esenciales.

Es más fácil reclutar a los jóvenes en condiciones de pobreza y exclusión, que a los beneficiados por una situación económica y social más favorable. Involucrarse en el narcotráfico, no obstante el riesgo, aparece como una oferta atractiva, no sólo por el dinero que se puede obtener, sino por el poder y el estatus, señala el documento Jóvenes y narcocultura, de la dirección de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública.

Educación

La escuela como institución ha perdido orientación respecto a qué es lo que hay que enseñar. Un ejemplo es el cambio en el plan de estudios del nivel secundaria en el que se suprimió la materia “formación cívica y ética” para volver a incorporarla después con menos espacio en el nuevo plan de estudios de ese nivel, indica el documento Jóvenes y narcocultura.

El Informe de Unicef de 2013 señala que, si bien la cobertura de la educación primaria para el ciclo escolar 2012-2013 fue del 100%, la de educación preescolar fue de 70.7% la de educación secundaria del 82.4% y la media superior de 52.9%.

El informe de Save de Children 2016, por su parte indica que sólo el 54% de los adolescentes mexicanos están inscritos en el sistema educativo, lo que constituye el promedio más bajo entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y sólo el 76% de los adolescentes de 15 a 17 años cuenta con secundaria terminada.

Entre los adolescentes indígenas de 15 a 17 años de edad, sólo el 65% completó su educación secundaria, frente a 76% de los que viven en hogares no indígenas.

El informe de la OCDE Panorama de la Educación 2013 señala que de los 34 países que integran la organización Méxi-co cuenta con el mayor nivel de deserción escolar, especialmente adolescentes de entre 15 y 18 años. “Se trata de una deserción que no es temporal, ya que 40% de los jóvenes que desertan no regresan a la escuela y tampoco cuentan con un empleo”. La principal razón por la que desertan los adolescentes en el nivel medio-superior es la carencia económica de sus hogares (52 por ciento de los casos).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción Escolar 2012, cada día al menos mil 800 estudiantes de preparatoria abandonan la escuela, principalmente en el primer semestre. De hecho, el 60.8% de los desertores abandonan sus estudios en el primer año, el 6% en el segundo y 13.2% en el tercero.

Empleo: De acuerdo con el informe del UNICEF, 3 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajaban en 2013 y 39% no asistían a la escuela. Asimismo la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013, del Inegi, reportó que el 46% de menores de edad que trabajan, lo hacen sin remuneración, principalmente en el sector agrícola. La Encuesta sobre Juventud 2013, del Inegi, indica que el 24.7% de los jóvenes de 15 a 19 años no estudia ni trabaja y que el promedio en los países de la OCDE es de 16%. Y entre los que trabajan, el 62.6% lo hace de manera informal y perciben entre uno y dos salarios mínimos.

Salud: Tanto el Unicef como la Coneval señalan que el 65% de los adolescentes carecen de protección social y el 20% no tienen acceso a servicios de salud. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas del Instituto Nacional de Psiquiatría, de 2014, el 17% de los estudiantes de 5to y 6to de primaria ha probado alcohol. En secundaria y bachillerato el 53% de estudiantes consume alcohol. En cuanto a la mariguana, la prevalencia de consumo es de 3% a los 12 años; 11% a los 14; 18% a los 16; y 29% a los 18 años.

La encuesta señala que en los últimos 23 años (1991 a 2014) el consumo de drogas ilícitas se duplicó entre la población de 10 a 18 años, al pasar del 8 al 17%. El incremento es más notable en las mujeres pues pasó del 4 al 16 %.

Se dispara la violencia en México: El estudio Violence and Criminal Justice in México and South Africa, de Elena Aza-ola y Gareth Newham (2016), señala que las cifras del sector salud, que son las que alimentan las Estadísticas de Mortalidad del Inegi, arrojan 120 mil 237 muertes por homicidio durante el periodo del gobierno de Felipe Calderón 2006-2012, mientras que en los 3 primeros años del actual gobier-no de Enrique Peña Nieto 2012-2015, sumaron ya más de 57 mil 500 (Inegi 2016).

Durante el periodo 2008-2015, México ha experimentado una grave crisis de seguridad que ha tenido un costo importante y lamentable con la pérdida de 178 mil vidas humanas, precisa el estudio. “Si bien nos referimos a una crisis de seguridad y de derechos humanos durante el periodo 2008-2015, en realidad los 4 componentes de esta crisis, son:

1.- La existencia de grupos delictivos con la capacidad para representar una amenaza para el estado.

2.- La fragilidad o la incompetencia de las instituciones del estado para contenerlos.

3.- La descomposición social que se manifiesta en el creciente número de personas capaces de cometer delitos, y

4.- La falta de controles eficaces frente a los abusos y la violación de derechos por parte de las instituciones del estado”.

Todos estos componentes, sostiene la Dra. Azaola, suponen la existencia de procesos sociales, económicos, políticos y culturales que se han ido construyendo a lo largo de décadas con los lamentables resultados que ahora conocemos.

Bajo esta perspectiva, la “guerra” emprendida por el gobierno en contra del narcotráfico, habría sido sólo uno de los factores desencadenantes que propició la emergencia de una crisis que venía gestándose de tiempo atrás.

Detalla que la crisis de seguridad y derechos humanos que México enfrenta, persiste en el actual periodo de gobierno 2013-2018 ya que a pesar de que el programa de gobierno no colocó como prioridad la de enfrentar a los grupos delictivos en los hechos, durante los 3 primeros años de este periodo se ha mantenido la política de privilegiar el uso de la fuerza y la militarización para combatir al crimen organizado.

“No cabe duda que el indicador más lamentable de la crisis de seguridad que México ha experimentado en los últimos años es el incremento notable en el número de muertes por homicidio, que ronda los 178 mil habitantes y que rompió con la tendencia descendente que este fenómeno venía observando durante los 20 años previos a este periodo”.

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