Notas

Pide Trump más castigos para indocumentados

March 2, 2017

Busca castigar a indocumentados por uso de beneficios del gobierno

Expertos señalan que si se promulga la orden, millones de residentes legales que hayan recibido cualquier beneficio de programas federales se podrían ven afectados.

La orden ejecutiva indica que el uso de cualquier programa federal, incluso más allá de los 5 principales que son Medicaid, TANF, SNAP, SSI y CHIP y otros como por ejemplo las becas Pell Grants, serían utilizados contra residentes legales, si estos accedieron a ellos en los primeros cinco años de tener su “green card”.

Con la firma del presidente Donald Trump de la orden ejecutiva se extendería la aplicación de reglamentos implementados en 1999 cobijados por una ley que prohíbe a un residente legal volverse una “carga pública”.

“Los reglamentos han interpretado carga pública a inmigrantes que dependen de beneficios públicos durante los primeros 5 años de su residencia si la persona se hace ciudadana, sino 40 cuartos de pago de seguro social”, explicó Carlos Maldonado, abogado de inmigración.

“Hay que recordar que esto es tan sólo un borrador que se ha filtrado, que podría nunca firmarse. Para que se pueda modificar la interpretación de carga pública se debe presentar una ley que tiene que pasar el Congreso, la Cámara baja y la Cámara alta y después el presidente es el que tie-ne que firmar”, añadió el experto legal.

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De acuerdo al Instituto de Política Migratoria (MPI) la definición de carga pública podría incluir una amplia variedad de programas federales tales como almuerzos escolares, ayuda financiera para la universidad, asistencia doméstica y servicios de salud pública que no están incluidos en la definición de la ley de bienestar actual de acuerdo al reporte de MPI.

En la actualidad, el programa de asistencia de salud Medicaid, que provee seguro médico a familias de bajos ingresos no está incluido en la definición de carga pública más sin embargo de estarlo, alrededor de 1.4 millones de residentes permanentes serían vulnerables muestra un reporte de National Immigration Law Center (NILC).

Si se trata del programa SNAP, de cupones de alimentos, se estaría hablando de 890 mil residentes aproximadamente.

Detractores de la posible acción aseguraron que sería un ataque más contra los inmigrantes ahora contra inmigrantes y residentes legales y sus familias, además de representar una amenaza para la salud pública y la movilidad social de vastos segmentos del país.

Inmigrantes reciben menos beneficios

De acuerdo a estudios de la organización CAP, un grupo liberal progresista las familias inmigrantes reciben menos beneficios públicos por razones de bajos ingresos que las familias de ciudadanos, la orden supuestamente está destinada a combatir el “abuso” de estos beneficios por parte de inmigrantes. A nivel nacional entre los residentes que tienen un ingreso por debajo del 200% del nivel de pobreza el 39.7% de las personas que reciben beneficios de Medicaid son estadounidenses nacidos en el país, mientras que el 31.9% son inmigrantes. De la misma manera entre las personas que reciben un Ingreso Suplementario de Seguridad 4.5% son estadounidenses y 4% son inmigrantes. Las estadísticas de CAP muestran también que entre los estadounidenses la ayuda que reciben del gobierno en programas federales representa el 15% del total de su ingreso mientras que entre la comunidad inmigrante es 9 por ciento.

Arriesgan la deportación

Expertos que analizaron la orden indicaron que podría resultar en cambios radicales respecto a los reglamentos actuales, ampliando la posibilidad de castigar con deportación a personas que han tenido acceso a cualquier beneficio federal y de impedir la entrada al país o la emisión de visa a personas que podrían convertirse en carga pública.

No obstante, las razones legales para deportar a un residente legal son “muy limitadas” y no es claro que el gobierno federal pueda aplicar el castigo máximo de deportación a personas que sean residentes legales y declarados “carga pública”, a menos que sean casos muy extremos, explicó NILC.

Otro beneficio que podría verse afectado por la orden ejecutiva, es el llamado “Earned Income Child Credit”, un crédito fiscal para trabajadores de medianos a bajos recursos con hijos.

Están a la expectativa: CAP y el Niskanen Center, realizaron un análisis del impacto de esta posible orden coincidiendo en que tendría un efecto devastador en la comunidad de inmigrantes legales. Este es por el momento sólo un borrador pero los activistas afirman que han escucha-do que podría salir en los próximos días. Mientras tanto la Casa Blanca no ha confirmado a denegado esta información. jhenao@diariousa.com

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